Por Víctor Flores
Quintana Roo es un destino exitoso, imán de turistas y de inversiones, a diario los visitantes dejan millonarias divisas y derrama económica, los empresarios e inversionistas que llegan generan empleos y nuevos negocios, pagan impuestos y “mordidas”, son extorsionados para abrir sus negocios o construir sus desarrollos turísticos e inmobiliarios, convirtiendo a Quintana Roo en una ventanilla de corrupción y en un “cajero automático” de servidores públicos corruptos.
La historia que lastima el patrimonio de Quintana Roo y los quintanarroenses se repite cíclicamente.
El caso del ex gobernador Carlos Joaquín González que navegó seis años con la bandera del saneamiento al quebranto y millonaria adeudo que le heredó su antecesor Roberto Borge, es más de lo mismo, pues ahora resulta que heredó a la gobernadora Mara Lezama, un adeudo de cerca de 7 mil millones de pesos a proveedores.
Carlos Joaquín gritó a los 4 vientos que había saneado las finanzas del estado y que al término de su mandato no dejaba deuda, ni liquidaciones pendientes a proveedores, que se iba “con las manos y la conciencia limpia”, pero bastaron solo 15 días para que la nueva administración revisara encontrara un “boquete” de 7 mil millones de pesos de adeudo a proveedores.
Esto, sin considerar la deuda pública de largo plazo de Quintana Roo que es de más de 19 mil 500 millones de pesos, que en suma es una herencia de más de 25 mil millones de pesos en deuda, un 25 por ciento mayor a lo que heredó de Roberto Borge.
En su último año de gobierno, adquirió un préstamo autorizado por sus amigos y cómplices del Congreso local por 820 millones de pesos.
Carlos Joaquín mintió en su administración y sus informes de gobierno, y tuvo como cómplice, a su secretaria de Finanzas y Planeación, Johanet Torres Muñoz, a quien premió y blindó con una diputación en el Congreso local.
Yohanet Torres Muñoz, es ahora diputada local por el partido Verde, ahí mismo en el Congreso del Estado se le debería llamar a cuentas para que explique qué pasó con las finanzas de Quintana Roo, porque creció la deuda del Estado y sobre todo porque mintió, y si no tiene vergüenza de ser diputada y seguir cobrando en el erario público.
Carlos Joaquín buscó una transición amigable con Mara Lezama, buscó el encubrimiento y trató de curarse en salud, pero la gobernadora no ha querido cargar con la desastrosa herencia del ex gobernador y de la deuda que tiene que pagar, por lo que ha informado públicamente la millonaria deuda que ha recibido de su antecesor.
“Las cosas hay que decirlas como son…No hay más, ni hay que darles vueltas”, dijo Mara Lezama, al confirmar que se encontró un adeudo de más de 5 mil millones de pesos a proveedores, la cual según el recuento ya ascendió a los 7 mil millones de pesos.
El caso Roberto Borge y Carlos Joaquín a nivel estatal, se ha repetido en casi todos los municipios del estado, que han sido saqueados por sus presidentes municipales, que llegan para robar, no para gobernar.
Los recientes informes de gobierno de Atenea Gómez Ricalde en Isla Mujeres, Lili Campos Miranda en Solidaridad y Blanca Merari en Puerto Morelos, fueron un recuento del saqueo de sus antecesores, Juan Carrillo Padilla, Laura Beristain Navarrete y Laura Fernández Piña, quienes se sirvieron con la cuchara grande.
Los hoy diputados federales, Juan Carrillo en Isla Mujeres y Laura Fernández en Puerto Morelos, exprimieron durante 5 años a sus respectivos ayuntamientos, lo saquearon a más no poder y hoy al igual que Laura Beristáin tienen observaciones de la Auditoría Superior del Estado Quintana Roo (Aseqroo) en sus cuentas públicas por millonarios desvíos y faltantes.
Cargan con una serie de demandas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por saquear los municipios que gobernaron, la cuales deben solventar.
Lo peor de todos, es que estos políticos que roban a manos llenas, se pasean impunemente y toda vía los volvemos a elegir para darles fueron e impunidad.
El cáncer de la corrupción no se queda en el gobernador y presidentes municipales, permea hasta abajo, hay funcionarios, secretarios municipales y estatales que están etiquetados como corruptos, sobre todo los que tiene la facultad de otorgar permisos, anuencias, licencias de construcción, licencias de funcionamiento, uso de suelo, densidades, concesiones, patentes, etc. etc.
En el actual gobierno aún hay muchos de ellos; la limpia debe continuar sin concesiones y sin contemplaciones.
Una ocasión, un tesorero en el gobierno de Francisco Alor Quesada, en el Ayuntamiento de Benito Juárez, me dijo, “No hace falta robar de los recursos federales, si los ingresos propios, la tesorería es como un Dubái en chiquito”.
El grado de corrupción en Quintana Roo, ha originado que muchos inversionistas, incluidos hoteleros españoles, ya traigan etiquetado un porcentaje (10%) de su inversión al pago de “mordidas” y extorsiones para obtener y agilizar permisos en los tres niveles de gobierno.
El abuso del poder, la desmedida ambición y la manipulación de las instituciones públicas para enriquecerse, es un cáncer que urge desarraigar con castigos ejemplares a los corruptos funcionarios, como cárcel, inhabilitación y linchamiento público.
Lo peor de todo es que no gobiernan, no hacen nada por revitalizar al estado, el destino envejece y decae, la inseguridad y la violencia crecen, la sociedad y los empresarios a merced de la delincuencia.
Lo dijo el poeta Víctor Hugo,“ Entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa”.
Basta de solapar las extorsiones desde el poder, el uso del poder para enriquecerse, el saqueo al erario público y al patrimonio de Quintana Roo.
Y que quede claro. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece (Joseph de Maistre)
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