REPORTAJE
Investiga UIF a ex gobernadores de Quintana Roo por millonario fraude en DERIMAYA
Durante 25 año ha sido un “botín” de ex gobernadores, alcaldes y socios de la empresa en detrimento de 5 mil familias asentadas en la colonia Luis Donaldo Colosio de Playa del Carmen y del Patrimonio del Estado.
Por Víctor Flores
Cancún, Quintana Roo a 27 de Febrero.-La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía de Delito Patrimoniales de Quintana Roo, investigan el millonario fraude, saqueo, lavado de dinero y operación fraudolenta de la Desarrolladora Inmobiliaria de la Riviera Maya S.A. de C.V. (Derimaya) que incluye a socios de la empresa, ex gobernadores y ex alcaldes del municipio de Solidaridad que han tenido participación directa en el negocio y que se han beneficiado ilegalmente de la operación opaca de esta sociedad mercantil con participación del Estado.
Se trata de una empresa que en 25 años no ha rendido cuentas claras al gobierno del Estado, por el cobro de terrenos que no le pertenecían y que eran del fundo legal para la conformación del poblado de Playa del Carmen y de la que lucraron en contubernio con los gobernadores en turno.
El jugoso negocio que fue ocultado por gobernadores en las últimas dos décadas y media, mantiene en la incertidumbre jurídica a miles de familias de la colonia Luis Donald Colosio de Playa del Carmen que luego de 25 años de pagar sus terrenos no han recibido sus títulos de propiedad, en otros casos recibido algunos títulos apócrifos que evidencian la ilegalidad del negocio que ha dejado miles de millones de pesos de ganancias.
Tras una denuncia y manifestaciones de colonos y sus líderes víctimas del fraude y la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, se creó una comisión multidisiplinaria conformada por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), la Unidad de Inteligencia Financiera, Secretaría de Gobernación, la FGR y Conagua, para determinar el origen del millonario fraude y el enriquecimiento ilícito de quienes han lucrado y se han beneficiado con el cobro de una supuesta regularización de tierras que eran propiedad del patrimonio del estado y que el gobierno Federal se ha restituido.
El 16 de diciembre de 2021 la Sedatu, publicó un acuerdo mediante el cual el gobierno federal, recuperó a nombre de la nación el fundo legal de 1,200 hectáreas en Playa del Carmen, la cual no se ajustó a los decretos de 1973 y 1980 que era para la creación de la población de Playa del Carmen, ya que no se cumplió el objetivo para el que fue creado.
El presidente López Obrador instruyó se investigue la legalidad, constitución, operación y resultados de la presunta regularización de la colonia Luis Donaldo Colosio a cargo de Derimaya, lo que dio lugar al decreto del 16 de diciembre de 2021, que establece la reincorporación de 1,200 hectáreas del fundo legal (terrenos nacionales) a la Federación debido a que se detectó que durante años la empresa a lucrado ilegalmente con la necesidad de la vivienda.
La fraudolenta historia, despojos y fraude
En 1999 el ex gobernador Mario Villanueva Madrid, entabló un juicio en contra de Francisco Rangel Castelazo y su esposa Ofelia González Witt, en esos tiempos, presuntos posesionarios de terrenos al norte de Playa del Carmen frente al mar Caribe, lo que dio origen a un largo litigio ante la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y que llegó a manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJNC).
Antes el 2 de abril de 1994, el entonces gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, permitió que unas 500 familias entraran a invadir dichos terrenos bajo el liderazgo de Hermenegildo Aké, Julio Cano y Miguel Solís.
Los invasores o nuevos posesionarios bautizaron a estos terrenos como la colonia Luis Donaldo Colosio en honor al extinto político y ex candidato presidencial priista.
Mario Villanueva propuso y dejó establecido, en aquellos tiempos, que los nuevos posesionarios de estos terrenos pagaran sus lotes a un costo de 57 mil viejos pesos con facilidades.
Tras la salida de Mario Villanueva del gobierno del estado, la SCJN le dio la razón al Estado como propietario de ese fundo legal que la Federación había otorgado al entonces territorio de Quintana Roo.
Posteriormente durante la gestión de su sucesor Joaquín Hendricks Díaz, es cuando el ex gobernador junto a la familia de Francisco Rangel Castelazo y Ofelia González Witt, crean la empresa Desarrolladora Inmobiliaria de la Riviera Maya (Derimaya) presuntamente para regularizar la colonia de invasión Luis Donaldo Colosio que fue creciendo y hoy en día supera los 5 mil lotes.
La nueva empresa quedó constituida con una participación del el 51 por ciento por parte del Gobierno del Estado y 49 por ciento por la familia Gonzalez Witt.
Es en el gobierno de Hendricks Díaz, cuando los invasores de la Luis Donaldo Colosio comienzan a pagar sus terrenos a Derimaya, desarrolladora que fue incrementándole los costos paulatinamente y actuar como inmobiliaria de Bienes Raíces dando paso a las amenazas y desalojos de los pobladores que no podían pagar.
Marciano Toledo Sánchez, ex presidente municipal interino del municipio de Solidaridad y líder de la Asociación Civil “28 de Julio”, afirma que se cometieron muchos atropellos y abusos contra la gente, por parte de la empresa Derimaya, bajo la complacencia de gobernadores y del juez Carlos Lima Carbajal.
En el mes de abril de este año, se cumplen 30 años de invasión en la populosa colonia Luis Donaldo Colosio, sus colonos han pagado durante 25 años sin que a la fecha Derimaya haya entregado un solo título de propiedad.
EL FILÓN DE ORO DE PLAYA DEL CARMEN
Marciano “Chano” Toledo, como se conoce a este el líder social, sostiene que el ex gobernador Joaquín Hendricks Diaz y la familia Rangel Castelazo y González Witt, que conformaron dicha empresa inmobiliaria, se quedaron con un 30 por ciento de los terrenos de ese fundo legal, que eran los de mayor plusvalía, con frentes de playa y los que hoy constituyen hoy la exitosa Quinta Avenida y la décima avenida de Playa del Carmen.
Terrenos donde dijo, hoy vemos hoteles, condominios, plazas comerciales, discotecas, restaurantes y que son parte del corazón y la exitosa vida nocturna de Playa del Carmen, una superficie que estima habría sido vendida en mas de 20 mil millones de pesos a todos los negocios que ahí operan.
Toledo Sánchez calcula que ese filón de tierras de alta plusvalía con playas y Zona Federal serían una 150 a 180 hectáreas que fueron vendidas por Derimaya en complicidad con ex gobernadores que además se hicieron propietarios de grandes extensiones de valiosa tierra.
¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?
En todos estos años de operación fraudolenta que investiga la UIF y otras autoridades entre ellas la Fiscalía General de Quintana Roo y la Contraloría del Estado, estima que el fraude y saqueo supera los 40 mil millones pesos en torno a los más de 5 mil lotes de la colonia Luis Donaldo Colosio, ya que les cobran entre 3, 4 y hasta 5 mil pesos mensuales a los posesionarios dependiendo del tamaño del terreno.
Sin poder obtener sus escrituras, los colonos reclaman dónde está el dinero que han pagado durante 25 años, ya que a la fecha no han recibido sus títulos de propiedad por parte de la empresa que les cobra puntualmente y del que el 51 por ciento de esos ingresos deberían ir a las arcas del gobierno del Estado, sin que se sepa su paradero.
Marciano Toledo, duda que esos recursos hayan entrado a las finanzas estatales, ya que no estaban consignados en los presupuestos estatales, razón por la que los exgobernadores y socios de la empresa Derimaya estan bajo investigación.
Durante 25 años los gobernadores de Quintana Roo se mantuvieron omisos el negocio de Derimaya, no hablaban del tema y ninguno lo incluyó en sus informes de gobierno.
Con el paso de los años, los gobernadores Joaquín Hendricks Díaz, Félix González Canto, Roberto Borge y Carlos Joaquín, fueron cómplices de este saqueo y del cobro ilegal de Derimaya a los miles habitantes de la colonia Luis Donaldo Colosio.
Líderes como Raúl Segura Trinidad, presidente de la Asociación Civil “Defensa de las Tradiciones Mexicanas” y Marciano Toledo Sánchez de la Asociación Civil “28 de Julio”, acusan que los gobiernos protegieron a Derimaya, una empresa que nunca ha rendido cuentas sobre la venta de terrenos, que no le pertenecieron y los cuales hoy se expropian en parte, pero que aún dejan dudas porque parece ser que le están reconociendo una porción de tierra a la inmobiliaria para no fincarle responsabilidades y que siga lucrando, esto conforme al decreto del 16 de diciembre de 2021.
Cabe señalar que los ex gobernadores callaron sobre el millonario negocio de la vivienda en dicha colonia e incluso el ex gobernador Carlos Joaquín González, lejos de tratar de resolver el problema, trató de obstaculizar el proceso iniciado por la Sedatu, al interponer en mayo de 2022 un amparo para tratar de evitar la disolución de la sociedad con Derimaya, que era ya un objetivo del presidente y el gobierno federal.
Como parte del negocio y tratando de justificar el dinero que recibían, gobernadores en turno comenzaron a dotar de servicios a la colonia de invasión Luis Donald Colosio Murrieta, con calles, alumbrado público, banquetas, agua potable y otros servicios, obras que se ejecutaron con dinero del presupuesto del Estado.
DEMANDA Y CLAUSURA
Luego que el gobierno federal se restituyera al dominio pleno de la nación 1,162 hectáreas del fundo legal de Playa del Carmen, donde se incluye gran parte de la colonia Luid Donaldo Colosio, el presidente López Obrador anunció que los lotes que estaban bajo la administración de Derimaya pasaban al dominio de la Federación.
En el 2021 el gobierno del Estado de Quintana Roo decidió disolver la sociedad mercantil de Derimaya con la familia González Witt, sin embargo, la empresa siguió cobrando de manera ilegal, ahora el 100 por ciento del dinero a los posesionarios de lotes en la citada colonia.
Antes de su muerte en septiembre de 2017, Francisco Rangel Castelazo, heredó en una triangulación financiera la supuesta parte de su propiedad a su esposa, Ofelia González Witt.
Ante estas irregularidades, el 6 de julio de 2023, el gobierno de Mara Lezama Espinosa, interpuso una denuncia contra la empresa fundada en 1999, a través de Carlos Felipe Fuente del Rio, titular de la Consejería Jurídica del poder Ejecutivo acusando a Derimaya de administración fraudolenta y lo que resulte.
19 de enero de 2024, la Fiscalía General del Estado con apoyo de la Guardia Nacional, realizaron un cateo a las oficinas de Derimaya ubicadas en la avenida Luis Donaldo Colosio entre calles 30 y 35 de Playa del Carmen donde fue asegurado equipo de cómputo y documentación, referente a los 5 mil predios de la colonia Colosio.
El inmueble está asegurado con base al expediente CL CAN /FEDP/ 07/77/2023 de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales.
La demanda es porque a pesar de la disolución de la sociedad, entre gobierno y Ofelia González Wiit, esta empresa continuó cobrando desde 2021 los terrenos a los más de 5 mil colonos de manera ilegal y sin reportar los recursos a las arcas del Gobierno del Estado.
Tras el cateo y aseguramiento de las oficinas de Derimaya, Ofelia González Wiit interpuso un amparo para evitar la auditoría y la revisión de documentos financieros de la empresa y para evadir ir a la cárcel por el millonario fraude.
El inmueble continúa asegurado y las investigaciones siguen su curso, aunque la supuesta socia de la empresa Inmobiliaria a interpuestos varios amparos algunos ganados y otros rechazados, en su intento por evadir la justicia.
Los miles de habitantes afectados ejercen presión para que la empresa que les cobró por años o el Gobierno Federal les entregue sus títulos de propiedad, bajo el argumento que la empresa creada por el ex gobernador Joaquín Hendricks y la familia de Ofelia González Witt en 1999 es ilegal.
Tras la recuperación de las tierras al dominio pleno de la nación, el gobierno federal y estatal han desbaratado dicha sociedad y ahora buscan regularizar la tierra que una empresa particular socia del gobierno del Estado cobraron durante 25 años, sin que se conozca con certeza el paradero, uso y fines de esos recursos financieros recaudados.
De entrada la UIF, ya congeló las cuentas de DERIMAYA, mientras la Fiscalía de Delitos Patrimoniales mantiene asegurada sus instalaciones en Playa del Carmen.
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