Eduardo Santamaría fue denunciado por una joven víctima de violencia sexual, en la noche del 9 de noviembre del 2020
Eduardo Santamaría, quien fungía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Cancún, fue denunciado penalmente por tortura sexual en agravio de una de las dos víctimas de ese delito durante la represión policial del 9 de noviembre de 2020 (9N), cuando una multitud ciudadana fue disuadida a balazos por elementos de la policía a su cargo.
Además, otra de las víctimas interpuso ayer una nueva denuncia por tortura y tratos crueles y degradantes, en contra de quienes resulten responsables no solo de los dos balazos que recibió aquella noche al intentar huir de los policías que salieron a reprimir a golpes y a balazos a quienes protestaban al pie del Palacio municipal, sino de los insultos y el abuso de fuerza.
La Fiscalía para la Atención del Delito de Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos y Degradantes de Quintana Roo, la abogada Lizbeth Lugo informó que el pasado 31 de octubre Eduardo Santamaría Chávez fue denunciado por María A. víctima de violencia sexual, la noche del 9N
Inicialmente, una de las carpetas de investigación sobre aquellos hechos se inició por abuso sexual en agravio de María y Quetzalli, pero posteriormente se reclasificó como tortura en su modalidad de violencia sexual, a petición de Lugo, quien funge como asesora victimal y jurídica de ambas jóvenes y de Wendy Galarza, lesionada por arma de fuego.
El 13 de octubre de este año se aportó como dato de prueba un peritaje médico psicológico, elaborado por peritas independientes especializadas, establecido como parte del Protocolo de Estambul, para abonar a la acusación por tortura sexual.
La abogada acudió a la Fiscalía especializada para ampliar la denuncia en contra del exfuncionario, con mayor información para que se soliciten los actos de investigación que permita indagatorias más exhaustivas.
Lugo aclaró que, a partir de la denuncia de este nuevo delito, el ministerio público tendrá que determinar si éste se reclasifica o si se trata de un concurso de delitos en un mismo hecho, lo que significa que pueden coexistir el delito de abuso de autoridad, lesiones y de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
