Por favorecer al grupo hotelero Sunset de los hermanos Orlando y Romárico Arroyo Marroquín, demandan ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción al fiscal Oscar Montes de Oca Rosales e integrantes de una red de corrupción en la Fiscalía del Estado (FGE).
Por Carlos Sahagun
Derivado de presuntos actos de corrupción y sobornos al interior de la Fiscalía General del Estado y juzgados mercantiles, incluido exceso de poder y abusos en el ejercicio de la función pública, fue interpuesta una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra del fiscal General del Estado, Oscar Montes de Oca Rosales, y parte de su equipo, como el vice fiscal especializado, Carlos Maya Girón, el coordinador de fiscales del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Patrimoniales, Alfonso Díaz Pauli, la juez tercero de lo mercantil María del Rosario Pérez Basto y quienes resulten responsables de los probables hechos constitutivos de delito.
En la denuncia se narra y explica que la Fiscalía General del Estado, echó a andar toda la maquinaria, abuso de poder y tráfico de influencias, para de manera ilegal ayudar a las pretensiones de los hermanos Orlando y Romárico Arroyo Marroquín, socios del corporativo hotelero Grupo Sunset, para defenderlo de un millonario adeudo de sus hoteles y un embargo de sus propiedades.
Se trata de un juicio de más de cinco años, en el que la empresa demandante reclama el pago de más de 126 millones de dólares (unos 2 mil 520 millones de pesos) al Corporativo Sunset, quienes buscan toda costa no pagar, y donde las autoridades de la Fiscalía General del Estado, han desempolvado un expediente, que ya estaba archivado para favorecer a los hermanos Arroyo Marroquín y a sus hoteles.
En la denuncia se señala la presunción de un soborno a la Juez Tercero Mercantil de Cancún, el cual alcanzó al fiscal General del Estado, Oscar Montes de Oca Rosales, ya que fue fácil doblar la voluntad del fiscal, en virtud de la gran relación de amistad existente entre su esposa y la esposa del empresario Romárico Arroyo Marroquín, esto a fin de “….darles todas las facilidades….” en la Carpeta de Investigación FGE/QR/BJ/03/3082/2017 misma que se integró en la Unidad de Delitos Patrimoniales.
Ante ello se exige una investigación al fiscal General del Estado, para saber si recibió dinero a cambio de otorgar “todas las facilidades” al Grupo Sunset y a los hermanos Romárico y Orlando Arroyo Marroquín, cayendo en un acto de tráfico de influencias.
La querella expone que fiscal Montes de Oca Rosales, pudo instruir a su secretaria particular Julieta Vázquez Cabrera, al vice fiscal especializado,Carlos Maya Girón, al coordinador de fiscales del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Patrimoniales Alfonso Díaz Pauli para echar andar toda la maquinaria de la Fiscalía General del Estado en favor del Grupo Sunset.
Todo esto comenzó, denuncian, con el apoyo dado por Giovani Marcel Puc Chi, fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía de Quintana Roo, ante quien compareció Rufino Corona Neri representante legal del Grupo Sunset, después de más de seis meses de haber sido legal y debidamente notificado sobre el No Ejercicio De La Acción Penal determinado a la carpeta de investigación FGE/QR/BJ/03/3082/2017, en el domicilio señalado por el referido Corona Neri, y que no obstante de lo anterior, a la postre señalara ante el referido fiscal del Ministerio Público, que “….desconocía dicha determinación….” y que “…..nunca había sido notificado…..”, para con ello Giovani Marcel Puc Chi, comenzara a brindar todo el “apoyo” para que fuera impugnada la determinación del No Ejercicio de la Acción Penal ante el Juez de Oralidad de Cancún, manipulando actuaciones en la carpeta de investigación en la que tenían tanto interés los Arroyo.
Es así que, una vez que indebidamente fue llevada a cabo la audiencia de impugnación, se ordenó el regresar la carpeta de investigación ante el fiscal del Ministerio Público para continuar con su integración, y esto sin la presencia de dos de los imputados, los que jamás estuvieron en la audiencia de referencia por que fueron “…..notificados por estrados….”, situación por demás abusiva, sin respetar el derecho a la mínima defensa.
En este contexto, señalan que los hermanos Arroyo Marroquín, están siendo “asesorados” (sin el más mínimo pudor profesional) por el Shelling Kierkengard Novelo Yeh, ex juez de oralidad penal en esta ciudad de Cancún, quien por cierto que fue cesado de su cargo de Juez de Oralidad Penal, por todos los actos de corrupción que cometió.
Contra este personaje, añaden, hay un largo historial, ya que enfrenta diversos procesos administrativos e investigaciones penales en su contra, incluso investigaciones que ya tienen en su poder autoridades federales desde la Ciudad de México, personaje que en este juicio, ha estado interviniendo en favor de los hermanos Arroyo Marroquín, ante la Fiscalía del Estado de Quintana Roo.
Además acusan, se sabe que ha corrompido al juez Pedro Pablo Álvarez Vega (quien es el coordinador de Jueces de Justicia Penal, en Cancún), para con ello poder obtener una determinación o resolución que favorezca a los intereses de los hermanos dueños del consorcio hotelero Grupo Sunset dentro de la carpeta administrativa 655/2021 del Juzgado de Despacho Adscrito al Sistema Penal Acusatorio de Primer Instancia del Distrito Judicial de Cancún, pretendiendo vincular a proceso los ahí indebidamente señalados, y así evadir el cumplimiento de sus obligaciones y pagos que les ha sido reclamados dentro de los Juicios Mercantiles 716/2015 y el diverso 152/2016 ante el Juzgado Tercero Mercantil de Primera Instancia en Cancún, Quintana Roo.
Incluso agregan, se sabe que los hermanos Arroyo Marroquín otorgaron una fuerte cantidad de dinero al Juez Pedro Pablo Álvarez Vega, para que este último “….se encargue de que el juez penal que conozca del caso, imponga una fianza a los imputados de más de 20 millones de dólares….” para de esa manera pretender negociar la libertad de los imputados, contra el desistimiento de los asuntos mercantiles ventilados ante la Juez Tercero Mercantil de Cancún.
Incluso, aseguran que Orlando Arroyo Marroquín dice a los cuatro vientos que “……se encuentra feliz, como un niño, de saber que con la ayuda de los jueces penales de control, va a ganar por completo el asunto y su empresa dejará de pagar el millonario adeudo y las obligaciones mercantiles que le corresponden…..”
Los denunciantes señalan que “nos encontramos ante un caso donde están de por medio muchos millones de dólares, pero no es deseable ni correcto que eso pase en nuestra sociedad, por que las autoridades están legalmente instituidas para proteger a ricos y pobres, empresarios y ciudadanos comunes y corrientes, por igual, sin distinción alguna y con la máxima imparcialidad posible, cosa que, sin duda, en este caso no ocurre, por la compra de voluntades con dinero y con influencias. Este no es el México que queremos en esta Cuarta Transformación”.
