El 29 de diciembre de 1991 entró en vigor la ley gracias a la cual 3,37 millones de exciudadanos de la República Democrática Alemana (RDA) pudieron averiguar hasta qué punto sus vidas eran observadas por la Stasi, la Policía secreta de la RDA.
El 29 de diciembre de 1991 entró en vigor la ley gracias a la cual 3,37 millones de exciudadanos de la República Democrática Alemana (RDA) pudieron averiguar hasta qué punto sus vidas eran observadas por la Stasi, la Policía secreta.
Muchos no sospechaban lo que allí les esperaba y no contaban con que la red de vigilancia tejida en torno a ellos llegara hasta lo más íntimo; fue el caso del escritor Hans Joachim Schädlich, que descubrió que su propio hermano le espiaba, algo que le dejó “conmocionado”, según explica su hija Susanne Schädlich.
Los problemas para la familia de Schädlich comenzaron en 1976, cuando el intelectual firmó, como otros muchos, un manifiesto contra la retirada de la nacionalidad al cantautor Wolf Biermann: perdió su trabajo y se le prohibió seguir publicando. El acoso de la Stasi llegó hasta el punto de que al año siguiente abandonó la RDA.
Un arma de doble filo
Schädlich fue uno de los primeros en consultar su acta, con un pequeño grupo de intelectuales amigos. El escritor se topaba una y otra vez con informes firmados con el alias “Schäfer”, y hasta que en ellos no apareció un paseo, sin testigos, con su hermano, no cayó en la cuenta de quién podía ser el confidente.
Para la familia supuso “una completa catástrofe” y un “dolor terrible”. Ni ella ni su padre pudieron jamás perdonarle, pero Schädlich reconoce que se trata de una decisión individual y que también depende de las circunstancias en las que alguien se convertía en informante, puesto que muchos eran chantajeados.
Cuando a finales de 1989 cayó el Gobierno comunista encabezado por Egon Krenz, la Stasi contaba con 91 000 funcionarios y con por lo menos 180 000 informantes, según estimaciones actuales.
En aquellos meses caóticos, las fuerzas de seguridad de la RDA trataron de eliminar todo tipo de documentos incriminatorios, y en muchos casos fueron los activistas que ocupaban los edificios públicos los que consiguieron salvarlos de la destrucción.
Unos 15 500 sacos con fragmentos de actas destruidas todavía aguardan a ser restauradas -de momento ha sido posible reconstruir el contenido de unos 500- por lo que, el proceso único de asimilación todavía no ha concluido.
