Se les acusa de “parcialidad” en favor de los taxistas.
Los socios conductores de la plataforma de transporte Uber presentaron una petición al Congreso del Estado de juicio político en contra de tres funcionarios del gobierno estatal, acusándolos de ser responsables de que, tras el amparo federal otorgado a la plataforma, no cesarán las agresiones en su contra.
Carlos Calzado, uno de los socios conductores de dicha aplicación, señaló que la petición es contra Luis Rodrigo Alcázar Urrutia, director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo); Cristina Torres Gómez y Erika Castillo Acosta, secretaria y directora del gobierno estatal, respectivamente.
De acuerdo con los quejosos, en los tres funcionarios hubo parcialidad a favor de los taxistas y fomento a las agresiones al declarar que Uber no podía operar tras obtener un amparo federal, lo que derivó en más ataques y amenazas por parte de los ruleteros, pero además, en el caso de Rodrigo Alcázar y Erika Castillo, se agrega conflicto de intereses.
Aseguró que el mayor ejemplo del conflicto de interés es Erika Castillo Acosta, hija de Erick Castillo, ex líder del Sindicato de Taxistas de Cancún “Andrés Quintana Roo”, quien además de ostentar la titularidad de la recién creada Dirección de Gobierno, como diputada integrante de la Legislatura actual y presidió la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado.
Acusan a Rodrigo Alcázar de incumplir los artículos 25 y 122 de la Ley de Movilidad de la entidad, relativos a las facultades del titular del Imoveqroo y las causas de rescisión de concesiones, respectivamente, al no retirar la concesión a los taxistas que han participado en las amenazas y agresiones en contra de los choferes de Uber.
Asimismo, indicó que el actual responsable de vigilar al transporte estatal, nombró como delegado del Imoveqroo a Manuel Puerto Castillo, socio del sindicato y familiar de Erika Castillo.
El documento, entregado en las oficinas del Poder Legislativo en Cancún y dirigido al diputado Hugo Alday Nieto, quien preside la Comisión de Justicia del Congreso estatal, fue acompañado de notas periodísticas, así como los audios de la conversación de Alcázar Urrutia con los sindicatos, entre otras pruebas, aseguraron ambos socios conductores de la plataforma internacional.
