Opinión
La trágica muerte por suicidio de un interno que trabajaba en la cocina de la cárcel de Cancún, aún no comunicada oficialmente, revela una situación alarmante y crítica dentro del sistema penitenciario.
Este suceso ocurrido el día de hoy en el área E del penal no es un caso aislado, sino un reflejo de las condiciones infrahumanas a las que están sometidos muchos internos, donde la falta de alimentos suficientes, la ausencia de apoyo psicológico y el confinamiento en condiciones insalubres se han vuelto la norma.
Los testimonios de familiares y defensores de derechos humanos señalan condiciones degradantes dentro del penal, que van desde la insuficiencia alimentaria hasta la privación de actividades esenciales para el bienestar físico y mental de los internos. Estas medidas son una violación a los derechos fundamentales y suponen un trato cruel e inhumano.
Las restricciones impuestas, como la suspensión de alimentos externos, la cancelación de atención psicológica, la prohibición de actividades laborales y deportivas, y la falta de acceso a tiendas internas, no sólo agravan el sufrimiento de los reos, sino que también constituyen un abuso de poder que, según los informes, ha sobrepasado límites éticos y legales.
Muchos internos aún esperan su sentencia, lo que significa que son legalmente inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y, sin embargo, enfrentan un trato que atenta contra su dignidad y salud.
Uno de los puntos más críticos es el silencio de las instituciones de derechos humanos, especialmente la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuya labor debería ser precisamente la protección de quienes están en situación de vulnerabilidad dentro del sistema de justicia. Este aparente abandono sólo contribuye a que se perpetúen los abusos dentro de un sistema penitenciario que debería rehabilitar y no deshumanizar.
La defensa de los derechos humanos no se trata de justificar los delitos, sino de recordar que toda persona merece un trato digno y humano, independientemente de sus circunstancias legales.
Las prisiones deberían ser lugares de rehabilitación, no de sufrimiento y desesperanza. No podemos permitir que el castigo se traduzca en tortura o que el silencio oficial sea cómplice de condiciones tan inhumanas.
Es imperativo que las autoridades tomen medidas urgentes para garantizar el cumplimiento de los derechos básicos dentro de la cárcel de Cancún, una de las peores calificadas con promedio reprobatorio del 3.33 según los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en agosto del 2023.
Es necesario exigir transparencia en el manejo del penal y la intervención activa de los organismos de derechos humanos, así como la creación de políticas que permitan que el sistema penitenciario cumpla su rol rehabilitador sin comprometer la dignidad de los reclusos, más aún los que están en calidad de imputados.
