El pasado martes 30 de junio, la Cámara de Diputados en México reafirmó la postura del Senado de la República en torno a las reformas aprobadas para realizar cambios importantes en la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), como parte del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual entro en vigor a partir de este miércoles 1 de julio.
Estos cambios han tenido un enorme eco en la sociedad civil, ya que se han puesto en jaque algunos derechos digitales que tienen un impacto directo en distintas actividades ligadas a la industria del entretenimiento como lo son los videojuegos.
Si bien la propuesta ya ha sido aprobada por el poder legislativo y ahora sólo falta el visto bueno del ejecutivo para que la nueva normativa entre en vigor y sea publicada en el DOF, la sociedad civil aún tiene un recurso para intentar detener la iniciativa.
Lo primero que vale mencionar, es que la reforma a la LFDA pretende establecer un mecanismo privado de censura conocido como notificación y retirada, previsto por las leyes de EE.UU. Si una persona alega que un contenido o publicación viola sus derechos de autor, los proveedores de servicios de Internet deberán removerlo, sin necesidad de aportar pruebas sobre la infracción y sin la orden de una autoridad judicial.
México no estaba obligado a implementar este mecanismo, ya que el nuevo T-MEC reconoce que las adecuaciones del tratado internacional deben respetar las disposiciones constitucionales vigentes. La notificación y retirada es violatoria del derecho a la libertad de expresión, consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Mexicana.
¿Qué sigue?
Existe la posibilidad de acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar la ley e intentar frenar la iniciativa. Como informa la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales, la lucha contra las reformas aprobadas por el senado y la Cámara de Diputados continúa, y el objetivo es interponer una acción de inconstitucionalidad ante el organismo mencionado.
Para hacer esto, es necesario pedirle a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que interponga la acción de inconstitucionalidad para que así se abra un procedimiento jurisdiccional en el que se determine que las reformas son anticonstitucionales y ponen en peligro los derechos digitales de la población.
En las próximas horas, la Red en Defensa de los Derechos Digitales tendrán una manera de facilitar el proceso para que cualquiera pueda hacerlo desde su página web, y de este modo haga escuchar su voz ante está decisión tomada por parte de las autoridades mexicanas.
Se trata de una reforma a la ley que presenta varios vacíos y lagunas, y que impacta de forma significativa el modo en que los usuarios mexicanos entendemos el consumo de la tecnología y el Internet, afectando a distintos sectores de la industria como los servicios de reparación que no tengan un vínculo oficial con los proveedores del producto.
fuente:https://www.bitme.gg
