Opinión
Una vez más, los ciudadanos de Quintana Roo escuchamos las promesas de justicia ante los enormes desfalcos al erario público. En esta ocasión, es Jorge Sanén Cervantes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en la Décimo Octava Legislatura, quien lanza un llamado a la Fiscalía Anticorrupción para que actúe y recupere parte de los más de 7 mil millones de pesos desviados durante la administración de Carlos Joaquín González. Sanén subraya que, a pesar de que algunos delitos ya han prescrito, otros siguen vigentes, y es tarea de la nueva Fiscalía no dejar pasar esta oportunidad de aplicar la ley.
Sin embargo, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿será esta vez diferente? ¿O nos encontramos, nuevamente, ante una serie de discursos vacíos que buscan calmar la indignación pública sin que realmente ocurra nada sustancial?
Lo cierto es que hemos escuchado una y otra vez cómo las promesas de justicia y la lucha contra la corrupción se convierten en un recurso retórico que los políticos utilizan para ganar simpatías, pero que rara vez se traducen en acciones concretas. A pesar de las reformas recientes que dotan de autonomía a la Fiscalía Anticorrupción, el historial de impunidad en Quintana Roo nos obliga a ser escépticos. ¿Cuántos escándalos similares se han destapado en el pasado, sólo para caer en el olvido una vez que las cámaras se apagan?
Sanén insiste en que aquellos que “se hicieron de la vista gorda” deben enfrentar consecuencias, pero la realidad es que la impunidad no sólo se debe a la omisión de unos cuantos, sino a un sistema que históricamente ha permitido que los poderosos escapen sin rendir cuentas. El problema no es sólo que se haya robado, sino que se ha robado durante décadas sin que se apliquen sanciones. Así, la corrupción en Quintana Roo se ha vuelto una norma en vez de una excepción.
El llamado a que la Fiscalía recupere lo más que pueda es, en teoría, positivo. No obstante, la contralora ha admitido que muchos de los delitos han fenecido. ¿Qué tanto puede rescatar la Fiscalía si las reformas no son retroactivas? Este tipo de limitaciones legales son el pan de cada día cuando se trata de corrupción en México, y los resultados suelen ser decepcionantes.
Por otro lado, las acusaciones de omisión o negligencia contra los exfuncionarios de la administración de Carlos Joaquín González siguen abiertas, aunque el propio Sanén parece evitar entrar en detalles específicos. Lo que está claro es que, una vez más, se corre el riesgo de que el seguimiento de estas denuncias termine enterrado bajo la burocracia.Algunos sugieren la posibilidad de un juicio político contra el exgobernador. Si bien Sanén no descarta la opción, esta posibilidad depende de “si las autoridades lo piden”. Una declaración que, nuevamente, deja espacio para la ambigüedad y la inacción.
Lo que realmente debe cambiar es la forma en que tratamos la corrupción en este estado. Si bien es cierto que se necesita avanzar con las investigaciones y recuperar lo que se pueda, también se requiere un cambio estructural profundo que impida que este ciclo de corrupción e impunidad se repita. Hasta que esto no suceda, las promesas de justicia seguirán siendo meras palabras en el aire, y los ciudadanos continuarán siendo testigos de cómo los poderosos se benefician de un sistema que, en teoría, debería castigarlos.
Ojalá, como dice Sanén, no todo quede en discurso. Porque, si esta vez se deja pasar la oportunidad, el costo no será sólo económico, sino también moral.
