Opinión
El reciente anuncio de la inhabilitación de funcionarios de la administración pasada en Quintana Roo por aprovechamiento ilícito de poder y omisión en el desempeño de la función pública pone nuevamente en el centro del debate la corrupción y sus devastadoras consecuencias para el estado. Los 7,705 millones de pesos desviados durante el periodo de 2011-2016, correspondientes a la administración de Roberto Borge Angulo, no sólo representan una cifra escalofriante de dinero público perdido, sino también el deterioro de la confianza en las instituciones.
La inhabilitación, anunciada por Reyna Arceo Rosado, secretaria de la Contraloría estatal (Secoes), junto con el fiscal anticorrupción Edgar Ramírez Morales, es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, plantea preguntas incómodas sobre la eficacia del sistema de justicia y los mecanismos de control que debieron evitar este desfalco desde un principio.
Uno de los puntos más preocupantes es la omisión de funcionarios responsables de dejar prescribir carpetas de investigación claves, lo que favoreció la impunidad y permitió que gran parte de los delitos quedaran sin sanción. Las cifras reveladas muestran el alcance del daño: Desde desvíos millonarios en sectores esenciales como la salud (1,377 millones) hasta irregularidades en áreas sensibles como la educación, el campo y la infraestructura.
Resulta absurdo que Arceo Rosado aclare que estas investigaciones no involucran al exgobernador Carlos Joaquín González cuando el escándalo sigue mostrando que los errores y omisiones de administraciones pasadas siguen lastrando el desarrollo de Quintana Roo. ¿Cómo es posible que tantos recursos públicos, destinados a mejorar la vida de los ciudadanos, terminaran en manos de unos pocos privilegiados sin que nadie actuara a tiempo?
Lo más grave es que este tipo de corrupción no sólo afecta las arcas del estado, sino que deteriora el tejido social, perpetuando la desigualdad y frenando el desarrollo de comunidades vulnerables. ¿Cuántas escuelas no se construyeron, cuántos hospitales quedaron sin equipamiento adecuado, y cuántas oportunidades se perdieron para mejorar la vida de los ciudadanos por culpa de la corrupción?
La ciudadanía espera justicia. La inhabilitación de algunos funcionarios es apenas un primer paso, pero la verdadera transformación ocurrirá cuando los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos. Quintana Roo necesita un sistema de justicia robusto, que no sólo investigue, sino que sancione a todos aquellos que abusan del poder público para su beneficio personal.
Es hora de que las autoridades actuales demuestren que están dispuestas a romper con el ciclo de impunidad que ha caracterizado al estado durante tanto tiempo. De lo contrario, los nombres cambian, pero el sistema corrupto sigue intacto, y los ciudadanos son, como siempre, los que pagan el precio.
