El Congreso de Quintana Roo defiende cancelación de ampliación de concesión de agua potable

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El Congreso de Quintana Roo ha presentado un recurso legal en contra de la suspensión provisional otorgada por un juez federal contra el decreto 195, que abroga un decreto anterior de 2014. Esta medida cancela la ampliación de la concesión del servicio de agua potable en la zona norte de Quintana Roo.

El recurso de queja, registrado en el expediente 04/2024 ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, surge a raíz de la información publicada en los estrados del Juzgado Octavo de Distrito. La notificación formal a la Legislatura no se había realizado hasta el día de ayer.

En una entrevista con Novedades, Humberto Aldana Navarro, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, defendió la decisión de la XVII Legislatura de cancelar la ampliación de la concesión de agua potable. Esta ampliación, aprobada en 2014, fue cuestionada por los actuales legisladores debido a cláusulas que no fueron avaladas.

En los próximos días, el Congreso recibirá un informe de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado que contendrá información sobre supuestos incumplimientos en la cantidad de agua entregada y las inversiones realizadas por la concesionaria durante los últimos años.

Aldana Navarro expresó su confianza en que los tribunales respalden la postura del Congreso de Quintana Roo, mientras la empresa argumenta que no tuvo derecho de audiencia. Se espera que los jueces dicten una decisión imparcial, recibiendo toda la información disponible sobre el servicio de agua potable.

A pesar de la cancelación de la ampliación de la concesión, el presidente de la Jugocopo reconoció que actualmente las cosas se mantienen como están hasta que se desahoguen todos los recursos legales. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado tendrá la capacidad operativa y técnica para garantizar que continúe el servicio de agua potable en las viviendas de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad.

Esta defensa legislativa busca velar por los intereses de la comunidad y asegurar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la región.