A estas alturas del partido, el caso de Mario Villanueva ya no trata únicamente de un exgobernador, sino de algo más incómodo: de la capacidad del Estado mexicano para convencer a los ciudadanos de que la justicia que aplicó durante más de dos décadas fue realmente justicia.
Por: El Gato Maya 🐾
Porque si después de 25 años de cárcel, extradiciones, procesos judiciales, recursos legales y prisión domiciliaria, el debate sigue abierto, entonces alguien hizo mal su trabajo.
O quienes lo acusaron o quienes lo defendieron, o el propio sistema…
Mario Villanueva insiste en que es inocente, lo ha dicho durante años mientras sus detractores responden que los tribunales ya hablaron y que las sentencias existen.
Pero entre ambas posiciones aparece una pregunta que sigue sin respuesta contundente: si la evidencia era tan sólida y tan contundente como se afirmó durante décadas, ¿por qué el caso sigue generando tantas dudas?
Porque una verdad judicial debería resistir el paso del tiempo y cuando un expediente continúa dividiendo opiniones veinticinco años después, lo menos que merece es una revisión crítica de la historia.
Lo cierto es que Villanueva no está pidiendo simpatía, está pidiendo credibilidad y ésta no se construye únicamente desde las conferencias de prensa, sino desde la capacidad de demostrar que detrás de las acusaciones existieron pruebas irrefutables y no solamente testimonios, interpretaciones o decisiones influenciadas por el contexto político de la época.
Ahí es donde la historia se vuelve incómoda, porque tampoco puede ignorarse que México tiene una larga tradición de utilizar la justicia como herramienta política.
Gobernadores, alcaldes, líderes sindicales, empresarios… Muchos han conocido el peso selectivo de la ley dependiendo del momento político.
¿Fue ese el caso de Mario Villanueva?
Nadie puede afirmarlo categóricamente, pero tampoco puede descartarlo automáticamente.
Y justamente por eso la duda sigue viva,
más aún cuando distintos gobiernos federales han evitado resolver definitivamente el debate.
Porque una cosa es permitir que un hombre enfermo permanezca en prisión domiciliaria y otra muy distinta asumir el costo político de reconocer que quizá el caso merecía una valoración distinta.
Ahí aparece el verdadero elefante en la habitación porque liberar plenamente a Mario Villanueva no tendría únicamente consecuencias jurídicas, tendría consecuencias políticas.
Obligaría a revisar uno de los casos más emblemáticos de la relación entre poder, justicia y narcotráfico en la historia reciente del país… y pocos gobiernos suelen sentirse cómodos reabriendo capítulos que podrían exhibir errores propios o ajenos.
Por eso la pregunta sigue vigente:
¿Mario Villanueva continúa enfrentando exclusivamente una batalla jurídica?
¿O también enfrenta el peso de una historia política que ningún gobierno ha querido desmontar por completo?
La respuesta quizá se encuentre en algún expediente o quizá en algo más poderoso: En el miedo de la clase política a reconocer que, después de 25 años, todavía hay preguntas que nadie ha logrado responder de manera definitiva.
Y es que cuando las sombras duran más que las aclaraciones, el beneficio de la duda ya no favorece al poder: se convierte en el derecho de los ciudadanos a desconfiar y exigir respuestas.
