Por Luis Mis – Gato Maya 
La reciente aprobación en Quintana Roo de la Ley contra la Extorsión, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum y respaldada por la gobernadora Mara Lezama, representa un paso firme hacia la construcción de un país más justo y seguro. No se trata únicamente de un trámite legislativo: hablamos de un esfuerzo por cerrar la puerta a un delito que erosiona la confianza social, vulnera la economía familiar y lacera profundamente la tranquilidad de la gente.
En el programa La Voz del Pueblo, la gobernadora subrayó con razón que Quintana Roo es uno de los primeros estados en avalar esta propuesta federal, lo que coloca a la entidad en una posición de vanguardia frente a un fenómeno que se ha extendido como plaga en todo el país. La homologación de la ley a nivel nacional permitirá que no existan vacíos legales ni resquicios donde los delincuentes encuentren refugio.
No debemos olvidar que la extorsión, ya sea física o virtual, no solo roba dinero: roba paz, confianza y futuro. El temor constante al timbre del teléfono o a un mensaje sospechoso ha llevado a muchas familias a vivir en zozobra. En Quintana Roo se ha creado un grupo especializado contra este delito, lo que ha permitido bloquear numerosos intentos de extorsión virtual. Sin embargo, los esfuerzos locales necesitan integrarse en una estrategia nacional sólida, coordinada y efectiva.
El verdadero desafío no es únicamente aprobar leyes, sino garantizar que estas se traduzcan en acciones concretas, con policías capacitados, ministerios públicos sensibles y ciudadanos informados. Una ley sin aplicación rigurosa corre el riesgo de ser letra muerta.
Celebrar la aprobación de esta ley es apenas el comienzo; el compromiso será vigilar, exigir y participar activamente en la construcción de un México donde la dignidad no pueda ser comprada ni amedrentada.
Que esta ley no sea vista solo como un triunfo político, sino como un compromiso humano para devolverle a la ciudadanía lo que nunca debió perder: la confianza de vivir sin miedo.
