El asesinato del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, ocurrido el lunes 11 de agosto tras más de dos meses de agonía por un atentado en Bogotá, ha generado una ola de reacciones internacionales y reavivado el debate sobre la seguridad electoral en América Latina.
Uribe Turbay, de 39 años, fue atacado a tiros el 7 de junio durante un mitin en la capital, mientras competía por la nominación del partido Centro Democrático rumbo a las elecciones presidenciales de 2026. El ataque lo dejó en estado crítico hasta su fallecimiento.
Desde Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio expresó su pesar y solidaridad con la familia, el pueblo colombiano y el reclamo de justicia. En Sudamérica, Brasil repudió toda forma de violencia política, mientras que el diputado Eduardo Bolsonaro y su hermano Carlos lanzaron acusaciones políticas directas, responsabilizando a aliados del presidente Lula da Silva.
Paraguay, Ecuador y Perú coincidieron en condenar la violencia y llamar a la unidad regional contra el crimen, mientras que Panamá, Costa Rica y Honduras pidieron reforzar el diálogo, la paz y el respeto democrático.
Europa también reaccionó. España calificó la violencia como “inaceptable” y partidos como el PP y Vox se pronunciaron con visiones opuestas en tono y acusaciones. Italia, a través de su canciller, expresó su solidaridad y condena.
En Venezuela, la oposición —incluyendo a Edmundo González Urrutia, María Corina Machado y Leopoldo López— denunció el avance del autoritarismo y recordó a Uribe como un líder valiente y comprometido. En Chile, figuras como Evelyn Matthei y Johannes Kaiser lamentaron la pérdida y apuntaron contra lo que denominaron “narcosocialismo” y violencia política.
El caso ha sido interpretado como un reflejo de la creciente amenaza que enfrenta la democracia en la región, donde la violencia contra figuras políticas continúa en ascenso.
