Los números no mienten: Quintana Roo vive una emergencia de salud pública que las autoridades prefieren invisibilizar. En 2025, los nuevos diagnósticos de VIH alcanzaron los 537 casos, lo que representa un alarmante aumento del 19 %frente a 2024.
Por: Luis Mis
A principio de junio pasado, en sólo dos semanas, se reportaron 67 nuevos contagios, una repentina alza del 86 % en comparación con el periodo previo.
En promedio, esto equivale a tres nuevas personas diagnosticadas al día. Sin embargo, esta realidad brutal convive con una indiferencia vergonzosa por parte de las autoridades sanitarias a cargo de Flavio Carlos Rosado, quien no logra traducir la urgencia sanitaria en acciones efectivas.
Además del VIH, el panorama de las ETS es devastador: hasta julio de 2025 se contabilizaron 6 352 casos, un incremento del 17.7 % respecto a 2024. En lo que va del año, el estado reporta 1 877 casos de diversas ETS como sífilis, herpes, candidiasis y gonorrea, con el municipio de Benito Juárez liderando la incidencia.
Estos datos no sólo son fríos. Son personas: madres que pierden a sus hijos, jóvenes que viven con una enfermedad prevenible, familias desgarradas por el estigma y la falta de atención. Y mientras, el discurso oficial sigue siendo un vacío de promesas genéricas y campañas superficiales.
¿Dónde están los programas de prevención real? ¿Dónde las pruebas accesibles? ¿Dónde la educación sexual que salve vidas? Nada de eso llega a las colonias, a los jóvenes, a los espacios vulnerables que hoy están indefensos.
La gravedad del problema exige voluntad política radical: distribución gratuita y sostenida de condones, pruebas rápidas permanentes, campañas educativas continuas que lleguen a escuelas, comunidades indígenas y zonas turísticas. Y sobre todo, urgencia real, no discursos asistenciales.
Si Quintana Roo no actúa con determinación, estos números seguirán creciendo. Y entonces no estaremos hablando de una emergencia, sino de una tragedia institucional, porque no es un accidente ni una fatalidad natural; es una desgracia fabricada desde la negligencia, la omisión y, en muchos casos, la corrupción de las autoridades encargadas de proteger la vida y la salud pública.
Es el resultado de políticas públicas mal diseñadas, presupuestos desviados o acciones que nunca llegan, mientras los problemas crecen a la vista de todos
