No hay forma amable de plantearlo: cualquiera de las dos respuestas es gravísima.
Por: Luis Mis
Si sabía, entonces estamos hablando de una traición directa a la confianza ciudadana, de un gobernador que permitió —o incluso facilitó— que un hombre bajo sospecha ocupara uno de los cargos más sensibles para la seguridad pública. Significa que Adán Augusto tuvo en sus manos información crítica y decidió ignorarla, encubrirla o utilizarla políticamente, lo cual es profundamente inmoral y posiblemente delictivo.
Pero si no sabía, el escenario no mejora: significa que el entonces gobernador fue incapaz de controlar y supervisar a sus colaboradores más cercanos, que en su administración había margen suficiente para que los tentáculos del crimen organizado se infiltraran en las estructuras de seguridad sin que él se enterara. ¿Esa es la eficiencia y el “oficio político” del que tanto presume?
Y este dilema —saber o no saber— cobra aún más relevancia si consideramos que Adán Augusto no es cualquier político. Fue secretario de Gobernación y figura clave en el círculo cercano de Andrés Manuel López Obrador. En su aspiración presidencial (aunque truncada), se vendía como “el más leal” y “el más preparado”. Hoy, el caso de su excolaborador le explota en las manos como una prueba irrefutable de que algo huele muy mal en su legado.
Este no es solo un problema de Tabasco. Es un problema de responsabilidad política y ética nacional. Porque si un exgobernador puede tener a un presunto operador del narco como jefe de seguridad y salir ileso, entonces estamos frente a una crisis profunda de impunidad.
Lo más preocupante no es que el escándalo exista, sino el silencio que le rodea. Hasta ahora, Adán Augusto no ha dado explicaciones públicas convincentes. Y nadie en su partido ha exigido rendición de cuentas. ¿Dónde están los discursos sobre la honestidad valiente? ¿Dónde quedaron los principios del “no mentir, no robar, no traicionar”?
La ciudadanía merece respuestas, no evasivas. Porque gobernar implica asumir las consecuencias de tus decisiones, y poner a un hombre como Bermúdez Requena al frente de la seguridad de un estado no es una omisión menor: es una herida profunda a la confianza pública, y a la lucha contra la criminalidad que ha desangrado a este país por décadas.
Si Adán Augusto sabía, es cómplice. Si no sabía, es incompetente. En ambos casos, es inadmisible.
