PENAL DE CANCÚN, UNA BOMBA DE TIEMPO QUE LAS AUTORIDADES SIGUEN IGNORANDO

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Opinión

La cárcel pública de Cancún ha alcanzado un punto crítico desde hace mucho tiempo. Las autoridades no pueden seguir ignorando la realidad: La sobrepoblación, las pésimas condiciones y la presencia de reclusos de alta peligrosidad convierten al municipio de Benito Juárez en una bomba de tiempo que amenaza la seguridad de toda la región.

El diputado Ricardo Velazco Rodríguez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en el Congreso del Estado, alzó la voz y dejó en claro lo que muchos ya saben: Quintana Roo necesita con urgencia un Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de máxima seguridad en Cancún. La cárcel actual no sólo es obsoletas, sino ineficaz y peligrosa.

 

El penal de Cancún es un desastre operativo. Reos del fuero federal conviven con presos de menor perfil, creando una mezcla explosiva que aumenta el riesgo de motines y fugas. La reciente “fuga” de un detenido por abuso infantil, vinculado al brutal asesinato de un niño de dos años, ha dejado al descubierto la incapacidad de este penal para manejar a criminales de alto riesgo.

El problema no es nuevo. Durante años, los derechos humanos han sido pisoteados en estas instalaciones. Reclusos por delitos menores pasan años en espera de sentencia, conviviendo con criminales confesos. Es una realidad dolorosa y evidente, pero ¿qué ha hecho la Comisión de Derechos Humanos al respecto? Poco, si no nada. El silencio ante estas violaciones parece ser la norma.

Tampoco es una propuesta de Velazco, la construcción de un penal de máxima seguridad en Leona Vicario data desde el 2015 y es un paso en la dirección correcta, pero aún estamos lejos de ver cambios inmediatos y reales. Los recursos federales deben asignarse cuanto antes, y mientras tanto, es crucial reforzar la seguridad actual de los penales y sancionar a los responsables de las fallas que han permitido que esta crisis continúe.

Este no es sólo un problema penitenciario, sino uno que afecta directamente la seguridad pública. Las autoridades federales, como la Secretaría de la Marina y la Guardia Nacional, deben intervenir antes de que la situación en Cancún se desborde.