Opinión
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) decidió separar de sus cargos al director del penal, Jorge Armando López Rosas, y al comandante operativo, Sergio Javier Alcalá Encinas. Si bien esta decisión es un paso necesario, queda la sensación de que es una medida superficial para apaciguar la indignación pública, sin abordar los problemas profundos que afectan al sistema.
El caso de Gilberto “N” es emblemático no sólo por la gravedad de los delitos que se le imputan, sino también por lo que su fuga revela: Un sistema vulnerable, donde la corrupción y la incompetencia permiten que peligrosos criminales burlen las medidas de seguridad. ¿Qué garantías tiene la ciudadanía de que estas fallas no se repetirán?La destitución de estos dos funcionarios puede parecer un acto de responsabilidad, pero sin una investigación profunda y correctiva, las raíces del problema seguirán intactas.
Otro punto crítico es la falta de información sobre las circunstancias exactas de la fuga porque evidentemente no se trata de un acto aislado, sino que hubo complicidad interna o las medidas de seguridad fallaron otra vez por negligencia.
Más allá de las explicaciones superficiales, la ciudadanía demanda acciones concretas.
No basta con cesar a funcionarios; es urgente una revisión integral del sistema carcelario que incluya mejores controles de seguridad, capacitación adecuada del personal y medidas para erradicar la corrupción.
La desaparición o fuga, como oficialmente se ha manejado el caso, de Gilberto “N” pone en peligro a la sociedad, y la confianza en las instituciones está en juego.
Las autoridades deben responder con hechos contundentes y transparentes. Solo así se podrá recuperar la credibilidad y garantizar que la seguridad pública no siga siendo una promesa vacía.
