Ante la violación de sellos de clausura en obras irregulares en Sisal, los denunciantes del hecho ya lograron un acercamiento con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó el activista Guillermo Acosta Simón, quien aseguró que, también, ya se abrió un canal de comunicación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Ahora están a la espera de una respuesta y de saber si su personal visitó la zona de construcción para constatar la violación de la restricción federal en el complejo Villas María, que fue “acordonada” por la Semarnat el pasado 11 de abril, debido a la falta del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).
Los denunciantes señalaron que los únicos responsables son José Cruz del Toro y Gabriel Maquivar Pérez / Nery Morales
El 5 de mayo, Acosta Simón reveló que trabajadores de la constructora del complejo entraron al sitio para continuar con la edificación. El caso “se politizó” en redes sociales, donde algunos medios aseguraron que una conocida familia de la política yucateca es socia del proyecto.
Lo anterior fue considerado por los afectados como parte de la guerra sucia de las campañas electorales y lo desestimaron; hicieron una sola petición: que nuevamente paren la obra, porque atenta contra el medio ambiente sisaleño.
La construcción de Villas María fue clausurada por la Semarnat / Nery Morales
Según los afectados, los únicos responsables de Villas María son: José Cruz del Toro y Gabriel Maquivar Pérez, apoderados legales de Sueños de Silvia S de RL de CV, quienes contrataron los servicios de Eugenia Correa, propietaria de Ambiente Sustentable Consultoría y Gestión, para la realización de la MIA.
Por lo pronto, la noticia ya ha tenido repercusión en medios nacionales, por lo que el tema está lejos de “enfriarse”. Las asociaciones Colonos de Sisal y Unidos por Sisal, conformadas por habitantes del puerto, y activistas continuarán vigilantes, pues ahora la preocupación es que sus dueños obtengan una MIA “a modo”, para una obra que abarca mil 890 metros cuadrados, y ya impactó el 100 por ciento del terreno y la zona federal, un parámetro que viola la ley.
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GC
