Autoridades van contra conductores de otros servicios en Mahahual y por quienes encabezaron bloqueo en el hotel Royalton. El gobierno estatal informó que se sumaron al menos siete denuncias contra taxistas que participaron en agresiones contra choferes de plataformas en Mahahual y contra quienes realizaron un bloqueo en las instalaciones del hotel Royalton, en la Riviera Maya.
Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno estatal, señaló que las autoridades se encuentran en el deslinde de responsabilidades en dichos casos, tanto en el ámbito administrativo -por vía del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo)-, como en el penal, a través de la Fiscalía General del Estado.
Sin embargo, la funcionaria subrayó que en estas situaciones las autoridades deben deslindar la responsabilidad del operador o del concesionario -que instruyan a los operadores a cometer alguna falta o delito-, pues de ahí se derivan las sanciones que se impongan.
Si se establece que el concesionario es el responsable, entonces se rescinde la concesión, pero si la responsabilidad es del operador ya no podrán volver a hacer operadores de transporte público, detalló.
La entrevistada añadió que, mientras las investigaciones y el proceso se lleven a cabo, se establece la inhabilitación de la concesión durante este periodo, por lo que no podrán prestar el servicio hasta que terminen las investigaciones y se determine que no hay sanción qué imponer.
Torres Gómez aseguró que tanto el retiro de cuatro concesiones, que formaron parte de los 29 taxis que bloquearon la zona hotelera de Cancún como las investigaciones que se realizan para sancionar a los presuntos taxistas que participaron en las agresiones a conductores de otros servicios en Mahahual o al bloqueo realizado en el hotel Royalton, son parte de las acciones que se realizan para sancionar estos delitos.
Por ello, consideró que se “está actuando con mano dura, pues antes se veía estas acciones y no había ninguna sanción; era totalmente inacción por parte de las autoridades” y ahora hay una inmovilización de la concesión hasta la resolución que, en su caso, podría llegar hasta la rescisión de la autorización para poder operar.
