La vocera de los conductores criticó que los diputados locales no abordaran las reformas solicitadas para que puedan operar en la ciudad.
Los conductores de la empresa de transporte Uber rechazaron el dos por ciento al cobro de servicios de las plataformas aprobado en la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado
Además, criticaron que los diputados locales no abordaron las reformas solicitadas por el juzgado federal para que la empresa pueda brindar servicio de transporte a la población.
Águeda Esperilla Soto, vocera de conductores de Uber en Cancún, consideró que esto es una muestra de los intentos para afectar los servicios que ofrecen este tipo de empresas que usan aplicaciones para atender al público.
También dijo que muestra de ello es la aprobación en dicha comisión por parte de los legisladores locales del cobro de 2% a los servicios de entrega de comida que ofrecen dichas plataformas.
Señaló que, a fin de mes, de acuerdo con lo que hayan generado, Uber determina la cantidad de impuestos a pagar, según el número de servicios proporcionados y no las autoridades fiscales, por lo que indicó que no será factible que el sistema tributario local pueda realizar dichos cobros.
Señaló que, de aprobarse por el pleno, este cobro encarecería este tipo de servicios, por lo que prevé que la empresa no permitirá que suceda y tomará cartas en el asunto.
Señalan falta de voluntad por parte de los diputados por omisiones
En cuanto a que no se abordaron las modificaciones de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo en la comisión legislativa en materia, ordenadas por un juzgado federal, para permitir la entrada de operaciones en el estado de manera formal de las aplicaciones como Uber, la entrevistada consideró que es un signo de falta de voluntad por parte de los diputados locales.
Mientras tanto, Esperilla Soto aseguró que los conductores podrán operar sin temor a ser sancionados por el Instituto de Movilidad del estado de Quintana Roo (Imoveqroo), pues el amparo los protege, aunque pidió a los diputados hacer la reforma a la Ley de Movilidad estatal para cambiar este servicio de público a privado.
