Tras una rodada pacífica en la entrada de la zona hotelera, activistas realizaron un mitin en la Plaza de la Reforma, frente al palacio municipal.
Los integrantes del Comité de Víctimas del 9N, así como otras personas cuyos derechos humanos han sido violentados, iniciaron una serie de manifestaciones con una rodada en la entrada a la zona hotelera de Cancún.
Julián Ramírez Olivares, integrante del Comité de Víctimas del 9N, dijo que el objetivo es dar a conocer más estos hechos de violación a los derechos humanos, junto con las agresiones que han sufrido los conductores de aplicaciones digitales de transporte como Uber.
En el Malecón Tajamar se reunieron socios de Uber y coches particulares, quienes se encontraron en el kilómetro cero con alrededor de 100 personas más en motos, bicicletas y patinetas.
Las bicicletas y patinetas que iban al frente retornaron en Puerto Cancún, con dirección al Palacio Municipal. Las motocicletas y cerca de 50 coches se fueron hasta el kilómetro ocho, para retornar con dirección al Palacio Municipal.
Todo el evento duró alrededor de dos horas, y culminó con una proyección del documental Cancún Feminicida, en el Ayuntamiento de Benito Juárez.
Sin embargo, al terminar la presentación, algunos activistas y personal en general realizaron pintas en la fachada del ayuntamiento, así como en el suelo de la Plaza de la Reforma y en la estatua a Benito Juárez.
Además de esta rodada, se anticipó que con la visita de la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, el próximo 21 al 25 de noviembre a Quintana Roo, se buscará una reunión con la gobernadora Mara Lezama para pedir justicia por la represión ocurrida el 9 de noviembre del 2020 en Cancún.
“La solicitud fue entregada por parte del Comité de Víctimas del 9N, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Amnistía internacional México, para que el 22 de noviembre, la gobernadora reciba a la secretaria de Amnistía Internacional, y se busque un acuerdo para que se sancionen a las personas responsables y este caso no quede impune”.
Resaltó que es responsabilidad del estado culminar con las investigaciones y dar una sentencia justa a estas denuncias, además consideró que una violación a los derechos humanos señalar que una manifestación será violenta antes de que ocurra.
