Koldo Garca, el ex brazo derecho del ministro y nmero 2 socialista Jos Luis balos, sostiene que el dinero que cobr por los contratos de mascarillas que investiga la Justicia, y que para la Fiscala Anticorrupcin son sobornos, en realidad era dinero del PSOE, segn escrito dirigido este viernes por su abogada, Letizia de la Hoz, al Alto Tribunal.
En concreto, Koldo sostiene que esos fondos que para Anticorrupcin son ‘mordidas’ en realidad responda a “un sistema de retribucin y anticipos de gastos corrientes del Partido Socialista, ajeno a los contratos de las mascarillas”, segn el documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO.
“Frente a la tesis del Fiscal que vincula cualquier movimiento de efectivo a comisiones ilegales, es pertinente y til para acreditar la fuente lcita, y demostrar que el manejo de efectivo por parte de mi representado responda a un sistema del PSOE. El metlico era de uso comn y documentado internamente en la formacin poltica, para servicios personales de conductor y escolta”, mantiene la letrada en el escrito, en el que solicita al juez Leopoldo Puente que practique varias pruebas.
Garca, que contina en prisin provisional, apunta as al PSOE en cuanto al efectivo que mova, aunque de momento aludiendo a gastos “documentados”, apoyndose en la empleada Celia Rodrguez, que as lo declar ante el magistrado.
Adems, Koldo ha pedido tambin la declaracin del actual ‘president’ de la Generalitat, y entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, “ya que su testimonio es indispensable para acreditar que los canales de compra de material no fueron asaltados por una trama, sino que se rigieron por criterios de estricta necesidad y disponibilidad de stock en un mercado internacional colapsado”.
“Se le cita”, sigue De la Hoz, “para que ratifique por su conocimiento directo, que la intervencin de D. Koldo Garca no fue una injerencia ilcita, sino una colaboracin logstica entre departamentos ministeriales coordinada por el mando nico. Si el Ministro de Sanidad —quien centralizaba las compras— no recibi presiones ni detect irregularidades, la tesis de las acusaciones sobre la “corrupcin del proceso” se desmorona por completo”, afirma.
Tambin pide las comparecencias y declaraciones de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, “ya que la acusacin utiliza los contratos de Interior y los procesos en Correos como ejemplos de la capacidad de presin de mi representado y resulta procesalmente imperativo que el titular de esta cartera declare sobre el proceso de toma de decisiones“, y tambin de la actual presidenta del Congreso y entonces de Baleares, Francina Armengol, porque, argumenta, “su declaracin es la nica va para acreditar que la comunidad autnoma decidi de forma autnoma y discrecional contratar con la mercantil investigada basndose en informes tcnicos, y no por una supuesta red de favores orquestada por D. Koldo Garca”, sentencia.
