El pasado 1 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Congreso de la Unión dos iniciativas clave: una reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) de 1992 y la nueva Ley General de Aguas (LGA). La primera busca actualizar la regulación de los usos productivos del agua, mientras que la segunda se centra en garantizar el derecho humano al agua, conforme a los artículos 27 y 4º constitucionales.
La propuesta de reformar simultáneamente ambos marcos legales pretende ordenar las concesiones de volúmenes de agua y fortalecer el control institucional. Entre los principales cambios se incluyen la prohibición de transferir títulos entre particulares, una mayor vigilancia técnica sobre las condiciones hídricas regionales y el cumplimiento fiscal como requisito para prórrogas. También se contemplan nuevas sanciones y delitos por uso indebido del recurso.
Además, se busca modernizar el riego agrícola, garantizar la transparencia en los distritos de riego y crear un Registro Nacional del Agua que centralice permisos y concesiones. No obstante, la aplicación de estas medidas requerirá amplios recursos financieros y administrativos, un desafío para la Conagua, históricamente limitada en supervisión e inspección.
Por su parte, la Ley General de Aguas propone un enfoque social y sustentable, con acciones para eliminar la desigualdad en el acceso al agua y saneamiento, fomentar la captación de agua de lluvia y reconocer la autonomía de los sistemas comunitarios, especialmente en zonas indígenas y rurales. Sin embargo, con más de 28 mil comités de agua sin reconocimiento jurídico ni recursos, su implementación podría ser compleja.
Ambas iniciativas buscan enfrentar los males estructurales del sector: privatización, acaparamiento, contaminación y sobreexplotación. Pero su éxito dependerá de una gobernanza hídrica verdaderamente democrática, basada en la participación ciudadana y comunitaria en la toma de decisiones.
En última instancia, el reto es que la seguridad y sostenibilidad del agua en México no solo se defina desde las instituciones, sino también desde las voces del campo, la ciudad y las comunidades que viven cada día la crisis hídrica.
