La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el Gobierno de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), está en proceso de negociación con Genaro García Luna para lograr la devolución de recursos públicos presuntamente saqueados durante el sexenio de Felipe Calderón.
Durante la conferencia conocida como La Mañanera del Pueblo, Sheinbaum indicó que el titular de la UIF, Pablo Gómez, encabeza los esfuerzos para alcanzar un acuerdo que permita la recuperación del dinero sustraído. Aunque el convenio aún no ha sido concretado, la presidenta advirtió que, de no lograrse, continuará el proceso judicial en Estados Unidos y se fortalecerán las acciones legales en México.
“Estamos en un proceso que involucra la entrega de información y de los recursos. El viernes recibí una nota de Pablo Gómez informando los avances, y le pedí que pueda darnos más detalles en los próximos días”, señaló.
García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, fueron condenados en una corte civil de Miami, Florida, a pagar más de 2 mil 400 millones de dólares al Gobierno mexicano, demandante en el caso. La jueza Lisa Walsh determinó que ambos participaron en un esquema de contrataciones ilegales con recursos públicos. García Luna deberá pagar 748 millones de dólares, mientras que Pereyra cubrirá mil 740 millones.
La demanda civil, presentada en septiembre de 2021 ante el Tribunal del Condado de Miami-Dade, busca recuperar activos adquiridos con recursos del erario. Además del matrimonio, otras personas identificadas por la UIF como participantes del esquema son:
Mauricio Samuel Weinberg López
Jonathan Alexis Weinberg Pinto
Sylvia Donna Pinto de Weinberg
Natan Wancier Taub
José Francisco Niembro González
Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro
Este caso es independiente del juicio penal que García Luna enfrentó en la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde fue declarado culpable en 2023 por colaborar con el Cártel de Sinaloa mientras fungía como secretario de Seguridad entre 2006 y 2012. Fue sentenciado a más de 38 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico, conspiración y falsedad de declaraciones.
