CANDIDATOS INDEPENDIENTES, BRECHA DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD

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Candidatos Independientes usarián una aplicación para teléfonos móviles inteligentes.

México.- En un país donde apenas poco más de la mitad de la población cuenta con acceso a internet, la brecha digital podría jugar en contra de aspirantes con mayor representación entre grupos sociales con menor nivel educativo y menores recursos económicos. Pero el sistema digital del INE podría ser algo más que un mal cálculo.

Hace un par de meses comenzó a correr el tiempo para que los aspirantes a candidaturas independientes consigan en al menos diecisiete estados del país las ochocientas mil firmas que les permitirán aparecer en la boleta de la elección presidencial del próximo año. Más allá de la cantidad de candidatos independientes o del número de firmas requeridas, lo que llama la atención es la forma en que estas tienen que ser recabadas: usando una aplicación para teléfonos móviles inteligentes.

Esta medida, aunque en primera instancia podría parecer lógica y vanguardista, deja de lado algunas consideraciones que potencialmente terminan por excluir a un número importante de mexicanos, en especial de los sectores vulnerables. Una de esas consideraciones es la brecha digital que existe en el país, es decir, la cantidad de usuarios —y sus características demográficas— que cuentan con acceso a las tecnologías digitales (internet, telefonía móvil, radio y televisión) y cómo este acceso impacta en el desarrollo de sus comunidades.

En México la brecha digital sigue existiendo, ya que, de acuerdo con datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones analizados a detalle por José Merino, en 2015 solo 57.4% de los mexicanos contaban con acceso a internet. Este número, si bien es un poco más alto que el promedio mundial, no tiene en cuenta otros segmentos en los que la brecha es aún mayor: los mexicanos con menores ingresos, los que cuentan con menor escolaridad y los mayores de cuarenta y cinco años.

Además, estos números varían dramáticamente dependiendo del estado de la República: Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Guerrero y Tlaxcala son los cinco estados con mayor porcentaje de personas sin conexión (86.9% de las personas en Chiapas y 76% en Tlaxcala no cuentan con conexión), mientras que la Ciudad de México, Nuevo León, Baja California Sur, Sonora y Baja California son las cinco entidades más conectadas.

Si seguimos estos datos, por ejemplo, es muy probable que una mujer chiapaneca, mayor de cuarenta y cinco años, con niveles bajos de escolaridad e ingresos no cuente con conexión a internet. Por desgracia, esas características no son poco comunes: millones y millones de mexicanos las cumplen de una u otra forma.

Como puede verse, en México existe desigualdad en el acceso a herramientas digitales y a internet. Esto, que por sí mismo es alarmante, lo es aún más cuando observamos la tendencia a utilizar herramientas digitales para permitir el ejercicio de algunos derechos fundamentales para la democracia, lo que podría traer como consecuencia que las personas menos privilegiadas tuvieran aún menos posibilidades de participar en los procesos democráticos, mientras que para las personas más privilegiadas sucede lo contrario.

El efecto de la brecha digital en este proceso es poco esperanzador: es muy probable que los candidatos independientes que tengan mayor representación en zonas urbanas y cuyos simpatizantes sean más jóvenes, y con mayores recursos económicos, logren de manera más sencilla el registro para aparecer en la boleta del 2018 y esto podría ser resultado solo del sesgo producido por la brecha digital.

En términos concretos, el uso de soluciones digitales podría dejar fuera, sin lugar a dudas, a grupos enteros de mexicanos que no cuentan con acceso. Esto también deja al descubierto los sesgos que existen en la toma de decisiones de política pública y cómo al usar la tecnología estamos alejándonos de los ideales de equidad e igualdad que, en teoría, rigen nuestro sistema democrático.

Lamentablemente, las secuelas de esta política van más allá de la brecha digital, pues usar un sistema digital como el que implementó el INE abre la puerta a ataques cuyo objetivo sea influir de forma artificial los resultados de elecciones. Estos ataques van desde el uso de medios digitales para desinformar al público, como sucedió en Kenya en 2017, hasta el hackeo de las máquinas de votación, tal como sucedió en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, y como se demostró en Defcon 2017, la conferencia de hacking más grande del mundo, por nombrar solo algunos ejemplos. Intentar influir una elección utilizando los medios digitales es una tendencia mundial y, por supuesto, México no está exento de enfrentarse a este problema.

Las formas en que esto pudiera ocurrir son múltiples y varían en nivel de complejidad, pero en el caso de la aplicación para recabar firmas para los candidatos independientes, basta con decir que, por ejemplo, hacer ingeniería inversa de una aplicación móvil para poder saber las conexiones que realiza no es algo en exceso complicado y un hacker con la motivación suficiente puede lograrlo con relativa rapidez. Ante esta posibilidad queda preguntarnos si el INE invirtió los recursos necesarios para llevar a cabo, mediante terceros independientes, las pruebas de penetración, auditoría de código y servidores y, en dado caso, acotar las superficies de ataque en distintos modelos de amenaza.

Si no fue así —y el INE debería ser abierto en este sentido— la validez del proceso podría llegar a estar en duda por motivos técnicos.

Hablando de transparencia y de rendición de cuentas, el empleo de soluciones digitales plantea retos fuertes para la democracia moderna porque, de entrada, no hay ningún sistema digital cien por ciento seguro y, además, su uso elimina el rastro «en papel» que sí se abandona al usar los sistemas electorales tradicionales. Incidentes recientes existen: el ya mencionado caso de Estados Unidos en las elecciones del 2016; y en Argentina, donde expertos en seguridad digital han advertido al gobierno acerca de la implementación del voto electrónico tras haber demostrado distintas vulnerabilidades.

Al final de cuentas, aunque suene anacrónico, la boleta en papel también actúa como un respaldo que puede ser auditado por cualquier persona, dando validez, boleta por boleta, a los resultados.

En resumen, al haber implementado una solución tecnológica el INE dejó vulnerable, en tres distintos frentes, a un proceso fundamental para la democracia mexicana: ignorar las consecuencias de la brecha digital pone fuera a muchísimos mexicanos; no procurar, mediante pruebas independientes, que los sistemas informáticos y el propio proceso sean seguros reduce de forma drástica la confianza; y, por último, eliminar el rastro «en papel» también elimina el respaldo físico de este proceso y, por ende, pone en duda su validez.

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